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Rebelión

Varios juzgados siguen citando a personas que se autoinculparon en el marco de una campaña estatal por el derecho al aborto libre y gratuito. Grupos feministas denuncian situaciones de acoso policial.
El 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas (COEF) volvía a denunciar la “absoluta inseguridad e incertidumbre jurídica” derivada de la actual ley, que sólo despenaliza parcialmente el aborto. Prueba de ello es que diversos juzgados del Estado siguen citando a declarar a algunas de las más de 15.000 personas que han firmado autoinculpaciones reconociendo haber abortado o haber acompañado a una mujer a abortar, en el marco de la campaña estatal por el derecho de las mujeres a decidir.Al cierre de esta edición, DIAGONAL contabilizaba 56 citaciones en Catalunya, País Valencià, Sevilla y Granada, donde el juzgado 1 de instrucción citó a 17 mujeres para declarar por un delito de aborto el día 19 de junio. Algunos juzgados han llegado a mandar a la Policía a las casas de varias mujeres. Según la CEOF, esto demuestra “el interés de algunos jueces para llevar hasta el extremo las más restrictivas interpretaciones” de la ley, creando situaciones de “acoso a la libertad y dignidad de las mujeres”.

Esto es patente en Tarragona, donde, desde febrero, seis juzgados han recibido autoinculpaciones y cuatro las han archivado. Los juzgados 1 y 3 de instrucción de Tarragona han llamado a declarar a diversas personas de las 170 autoinculpadas en febrero. Y ahora prosiguen con las citaciones : esta vez han llamado a mujeres y hombres de entre los 400 que se autoinculparon el 28 de abril en solidaridad con las primeras personas citadas. Belén C. Bel, de la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, cree que citarán a unas 120 personas más. Por ahora le constan “unas 22 citaciones en Molins, Sant Feliu, Reus, Tortosa, Manresa, Badalona y Barcelona”. El 3 de junio, el secretario general d’Iniciativa- Verds, Jordi Guillot, declaró como testigo ante el juzgado 7 de instrucción de Barcelona por una citación del 3 de instrucción de Tarragona. Dos días más tarde y por similar motivo, una militante de CC OO acudía al 28 de instrucción de Barcelona.

Algunas personas que apoyaron la campaña feminista estatal han sido objeto de presiones policiales. El 21 de mayo, dos policías nacionales irrumpieron en casa de una militante de Joves d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) de Sagunt “preguntándole por su edad y acusándola de haberse autoinculpado en falso”, según Inma Cunyat, secretaria de la Dona d’ ERPV. Ella se negó a declarar.

Además de tres militantes d’ERPV, los juzgados valencianos citaron a declarar, en plena campaña electoral, a dos afiliadas de Esquerra Unida por un delito de aborto. El juzgado 19 de instrucción de València imputó a una de ellas por falso testimonio aunque después archivó la causa. La segunda declaró el 28 de mayo. Según Anna Ródenas, de la dirección de EU-PV, el juez le hizo todo tipo de preguntas : “dónde y cuándo se practicó el aborto, el facultativo, la clínica… Ella ejerció su derecho a no declarar”. Por su parte, la Asamblea de Mujeres de Granada presentó 700 autoinculpaciones el 7 de febrero en los juzgados de Madrid junto a las de la Asamblea Feminista madrileña. En mayo éstos mandaron a la policía a casa de una de ellas y contactaron con el hermano de otra para que les llamaran. Según Concha Porcuna, miembro de la Asamblea, es “extraño tal como están de colapsados”. Aunque es “una molestia”, recuerda que “es el juzgado quien tiene que llamarlas”, no a la inversa. El 5 de junio, el juzgado 1 de instrucción de Granada citó a 17 mujeres más para declarar como imputadas para el 19. La CEOF, formada por 20 asociaciones de 11 autonomías, vuelve a pedir la despenalización del aborto dado el silencio del Gobierno ante las “reiteradas exigencias de cambio” de la “restrictiva” ley vigente. La CEOF exige normalizarlo como prestación en la red sanitaria pública y reivindica que se garanticen la educación sexual en el ámbito escolar y el acceso a la anticoncepción de urgencia (píldora poscoital) en el Sistema Nacional de Salud.

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