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La Haine

La historiadora Alizia Stürtze critica la pretensión de las grandes empresas y de los Gobiernos occidentales de engañar a sus respectivas sociedades calificando como «verdes» proyectos y políticas que, bajo una retórica ecologista, esconden la «búsqueda del enriquecimiento inmediato». Partiendo de esa constatación, cuestiona la corriente de opinión que ve en esa vertiente del capitalismo una especie de «mal menor». Tajantemente, Stürtze concluye que podemos «tener o bien capitalismo o bien un planeta habitable». En ningún caso los dos.

O de cómo convertir el calentamiento global en un negocio redondo, y, en nombre del desarrollo sostenible, montar una nueva burbuja bursátil similar a la de 2000 en torno a Internet, y seguir acumulando, y seguir explotando… en el altamente especulativo «mercado del cambio climático».

Los que, como Iberdrola, Fenosa, Repsol YPF o Acciona (por poner algún ejemplo «casero»), se han forrado y se siguen forrando contaminando y calentando nuestro entorno y el planeta, ahora quieren enriquecerse también limpiándolo y enfriándolo (o eso dicen). Imbuidos de un súbito amor por la naturaleza y lo verde, han empezado a crear filiales de energías renovables que cotizan en bolsa y, al parecer, les van a dar pingües beneficios (sobre todo a los que las construyen y las venden, claro).

Al neoliberal Sarkozy también le ha entrado la vena ecologista y anuncia una revolución total de ecología y economía en su país, con desarrollo de energías renovables; todo esto mientras sigue, como Merkel en Alemania, desarrollando y exportando energía nuclear y construye reactores de segunda generación en el propio territorio.

Vestidas de verde clorofila, las instituciones públicas españolas y vascas también se han apropiado del vocabulario ecologista y, por el bien del desarrollo sostenible, subvencionan con millones de euros las inversiones privadas en campos eólicos y solares y en plantas de producción de biocarburantes; todo ello a la espera del mejor momento para, por ejemplo, dar a Iberdrola Ingeniería (otra filial no tan «verde») licencia de construcción de una central de ciclo combinado en las instalaciones de Lemoiz que, como es sabido, hemos ido pagando a través del recibo de la luz, «como compensación por la inversión realizada y la moratoria nuclear».

La revista «Time» dedica portada y artículo central a los «héroes del medio ambiente», entre los que destacan, claro está, el premiado Al Gore con su famosa casa de 20 habitaciones y baños. La ciencia también se apunta, y la revista «La Recherche» dedica un especial al TAV y a Alstom -la corporación francesa líder mundial en infraestructuras de energía y transporte ferroviario-, y nos permite enterarnos de cosas tan hermosas como que a ese tren, que tan duramente critican desde AHT Gelditu! por ser un pelotazo ecológicamente insostenible y socialmente despilfarrador, deberíamos llamarlo «Libertad» porque «combina perfectamente la sed de libertad, de desplazamiento, de descubrimiento, con la protección del medio ambiente…».

Aunque eso ya nos lo han repetido montones de veces las consejeras de transporte y de medioambiente y ordenación del territorio López de Guereñu y Esther Larrañaga que, mientras insisten en que la Y vasca es una imprescindible «red de transporte sostenible», no parecen haberse enterado de las multimillonarias inversiones accesorias que el Gobierno Vasco piensa seguir realizando en otras infraestructuras de transporte, principalmente carreteras; dejando así bien patente que Jaurlaritza no está precisamente defendiendo un modelo de desarrollo sostenible.

Pero aún va más allá el cinismo de esos capitalistas depredadores y contaminadores transmutados en amantes de la clorofila. Se han montado un «mercado verde», llamado fondo de carbono, con el que consiguen un doble objetivo: ganar dinero (que es lo suyo) y, además, aparecer como compañías ambientalmente amables que luchan a brazo partido por cumplir con el protocolo de Kioto y a favor del desarrollo sostenible.

Dado que ahorrar toneladas de CO2 es mucho más caro en los países desarrollados (en Europa cuesta 80 euros, en China sólo 3), pues compran «aire limpio» a empresas de países como China, India, Sudáfrica, Egipto o Chile, que han reducido sus emisiones de carbono y les venden «descontaminación» a buen precio, sobre todo a través de la generación de energías renovables con equipo comprado ya nos podemos imaginar a quién.

Así, como destaca el artículo «El derecho a contaminar» de «Le Monde Diplomatique» de diciembre, de cara a reservar cuotas, muchas empresas prefieren crear en otros países actividades que ahorran GEI (emisiones de gases de efecto invernadero) o modernizar instalaciones ya existentes, antes que reducir sus propias emisiones… aprovechándose, además, de las generosas subvenciones que los estados otorgan a esas «compras de cuotas». Queda así en tela de juicio el supuesto esfuerzo de reducción estructural de las emisiones de CO2.

Nos hablan de sostenibilidad, pero sólo se ven lobbys, avidez especulativa y búsqueda del enriquecimiento inmediato. Grandes compañías, empresas participadas por entes públicos, bancos, promotores, inversores, gestoras de fondos y entidades especializadas en gestionar grandes patrimonios se han lanzado ya a sacar partido del «negocio verde», «movilidad sostenible» incluida, of course.

Y al que ponga en duda su buena fé medioambiental y consecuentemente cuestione sus proyectos, criminalización y represión, con la inestimable colaboración de los medios que ya no tienen empacho en llamar terrorista a todo aquel que resista y reclame democracia participativa.

Leo en un artículo titulado «Beyond the G8 summit» que pensar que dejar en manos del «capitalismo verde» la solución al cambio climático y al agotamiento del planeta es mejor que no hacer nada es como creer que es menos peligroso dejar a nuestra querida hijita con el vecino psicópata que sola en casa.

El capitalismo es añadir valor para lo que necesita utilizar recursos (incluidas las personas) que históricamente han estado fuera de la economía global de mercado (el agua, el sol, el aire…). Se basa en el crecimiento ilimitado, en un planeta limitado, por lo que es simplemente un sinsentido hablar de un crecimiento sostenible dentro de un sistema capitalista.

Podemos tener o bien capitalismo o bien un planeta habitable. O lo uno o lo otro. Y a los que elegimos lo segundo sólo nos queda la lucha anticapitalista y la denuncia permanente y lúcida del falso discurso ecologista del capital y sus representantes políticos. Con gobiernos tan extremadamente neoliberal como el de Ibarretxe o el de Sanz tenemos trabajo de sobra.

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“Los inuits exigen hacer oír su voz sobre el futuro del Ártico”

Slim Allagui (France Press)

En el marco de la actual carrera por el control de las riquezas del Ártico, los inuits, que viven en aquellas tierras desde la noche de los tiempos, quieren que se escuche su voz y exigen el reconocimiento y el respeto de los ávidos estados ribereños. 150.000 inuits viven en Groenlandia, canadá, alaska y siberia. Y preparan ya una respuesta como pueblo.
Oteando a lo lejos las instalaciones de la antigua base militar estadounidense de Kangerlussuaq (Soendre Stroemfjord, en danés), Aggaluk Lynge, presidente de la organización no gubernamental Inuit Circumpolar Council (ICC) de Groenlandia denuncia: «Aquello que ves es el resultado de una anexión para construir una base militar americana», una de las muchas construidas en esta isla durante la Segunda Guerra Mundial. Situadas en un punto neurálgico entre Europa y Norteamérica, todas han sido clausuradas a lo largo de estos años excepto la base radar estratégica de Thulé, en el nordeste de la isla.Invitado el 28 de mayo como único representante de una ONG a la cumbre interministerial de los países ribereños del Ártico (Canadá, Dinamarca, EEUU, Noruega y Rusia) en Ilulissat, en el oeste de Groenlandia, este incansable defensor de la causa de los indígenas de aquellas tierras deplora la actitud de esos países respecto a los inuits. «No estamos dispuestos a soportar el aislamiento y el desprecio al que nos han sometido en el pasado cuando éramos vasallos. No queremos que vuelva el régimen anterior, cuando no teníamos siquiera el derecho a abrir la boca», añade. «Ya pagamos el precio cuando nos arrebataron la soberanía, nos robaron nuestras tierras y nuestros recursos. Esto ya es demasiado y no admitiremos ser desplazados a la fuerza otra vez, como ocurrió en Thulé (1953). Exigimos ser tratados como seres humanos», reitera. Aggaluk Lynge denuncia que los inuits «han sido marginados en el debate actual sobre el Ártico por los mismos que mantienen hoy día el control férreo sobre nuestras tierras y sobre nuestros mares».

Hablando en nombre de los alrededor de 150.000 inuits de Groenlandia, Canadá, Alaska y Siberia, Lynge sentencia que «el tiempo del silencio pasó». «Vivimos aquí desde la noche de los tiempos y somos los únicos capaces de sobrevivir en estas condiciones climáticas extremas», recuerda, para añadir que «desgraciadamente, la mayor parte de los países de Ártico no reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, pese a que fueron asumidos por la ONU en setiembre de 2007». La cumbre de ministros de Exteriores y de Recursos Naturales fue organizada en plena y creciente presión desarrollista de los últimos años sobre el Ártico, donde el calentamiento climático ha creado nuevos desafíos para la protección medio- ambiental de esta región, que cuenta con importantes recursos. Recursos cuyo control ha generado una carrera entre los países ribereños, que pugnan por afirmar sus «soberanías» sobre estas tierras.

«Estamos aquí» Es por ello que «en esta nueva situación, en la que el mundo ha puesto sus ojos sobre el Ártico y sus posibilidades», los inuits exigen que «no se les vuelva a dejar en la cuneta» porque «existen como pueblo y no van a derretirse como los glaciares a causa del calentamiento climático», insiste Lynge. Para ello «es necesario -sostiene- que no se reedite la vieja actitud colonial en la que los autóctonos no tienen derechos». En noviembre próximo, la ICC va a reunir a sus delegados en Kuujjuaq, en el Nunavik (Canadá) «para debatir una respuesta colectiva de los inuits a las grandes fuerzas -estados, industria y otros- que discuten actualmente sobre la propiedad de nuestras tierras y mares por encima de nuestras demandas».

La declaración final de Ilulissar reconocía lacónicamente que «el cambio climático y el deshielo de los glaciares tienen un impacto en la vida de las comunidades indígenas». El secretario de Estado adjunto de EEUU, John Negroponte, y el ministro canadiense de Recursos Naturales, prometieron «tener en cuenta» a los inuits. Vieja música que ya no cuela.

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